El Apartheid más allá de Sudáfrica

Es común asociar el Apartheid con Sudáfrica, pero este sistema también fue exportado a otros lugares. En este artículo mostramos la expansión de este modelo y sus variantes fuera de las fronteras sudafricanas.

El Apartheid fue un sistema político y socioeconómico que estuvo vigente en Sudáfrica entre 1948 y 1994, que promovió el racismo, la segregación racial y la discriminación desde el Estado para garantizar la supremacía de la población blanca en todos los ámbitos de la vida social. Anteriormente, en este mismo espacio, examinamos las principales características de este sistema (para mayor referencia, hacer clic aquí).

Su presencia significa una forma extrema de sometimiento racial ejercido desde el poder político. Por ello, el derecho penal internacional lo reconoce como un crimen de lesa humanidad, y como una grave violación de los derechos humanos.

Aunque el término surgió para describir el caso sudafricano, con el tiempo la comunidad internacional lo ha utilizado para denominar, exponer y condenar sistemas y prácticas de segregación racial en otros contextos, aun cuando su aplicación comparativa deba realizarse con cautela.

A continuación se presentan algunos casos internacionales que, con distintos matices, pueden compararse con el Apartheid sudafricano. Se trata de experiencias anteriores, contemporáneas y posteriores a su implantación formal en el extremo sur de África, tanto dentro como fuera del continente.

Cada uno de estos sistemas de segregación racial se examina a partir de los tres pilares del Apartheid, con el fin de identificar semejanzas y diferencias entre diversas formas de dominación sistemática de un grupo sobre otro. Dichos pilares son los siguientes:

1. La separación territorial y el control de la movilidad.
2. La clasificación de la población a través de categorías raciales mediante la relación dialéctica entre “los elegidos o superiores”, y “las clases inferiores”.
3. Las políticas de desarrollo separado, que dan lugar a un sistema político, jurídico y administrativo diseñado para perpetuar el status quo y mantener los privilegios de la élite superior social.

Namibia bajo el yugo del Apartheid.

En Namibia, el sistema del Apartheid se aplicó prácticamente en los mismos términos que en Sudáfrica. Sin embargo, el caso namibio tuvo particularidades decisivas para la formación del Estado actual y para la configuración geopolítica de toda la región, por lo cual resulta fundamental abordarlo desde una perspectiva única para diferenciarlo de su origen sudafricano.

La implantación del Apartheid en Namibia se explica por su historia colonial. El territorio, antes conocido como África del Sudoeste Alemana, quedó bajo administración sudafricana tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, reordenamiento colonial avalado por la Sociedad de Naciones a través del Tratado de Versalles de 1919.

La lógica detrás de esta decisión radicó en el supuesto de que el extenso territorio de Namibia “no podría estar mejor administrado que bajo las leyes del mandatario, como una parte integrante del territorio”. El detalle es que ese mandatario no tenía las mejores intenciones ni las leyes más justas.

Con la complacencia de la Sociedad de Naciones, el destino de Namibia quedó estrechamente ligado al de Sudáfrica. De ese modo, el Apartheid se reprodujo en su territorio, tal cual: políticas de desarrollo separado, leyes de paso, bantustanes y clasificación racial de la población.

Para ello, el Estado sudafricano se apoyó en la política colonial preexistente, heredada de la administración alemana, a la que no solo dio continuidad, sino que amplió y consolidó.

Hasta mediados del siglo XIX, la presencia europea en el territorio de la actual Namibia fue limitada. El difícil acceso al interior, separado de las costas por extensas dunas desérticas, así como las peligrosas formaciones rocosas del litoral, dificultaban tanto el avance terrestre como los desembarcos marítimos.

Fue hasta 1878 cuando Gran Bretaña reclamó el puerto que hoy se conoce como Walvis Bay, que se convirtió en un punto importante de aprovisionamiento en la ruta hacia el Cabo. No obstante, todo el territorio terminó convertido en colonia alemana gracias a la diplomacia de Otto Bismark durante la Conferencia de Berlín (1884-1885).

La presencia alemana chocó de inmediato con las poblaciones africanas autóctonas, entre las que destacan los ovambo, en el norte; los herero, en el centro; y los nama, en el sur. La represión fue brutal y dejó episodios de persecución, exterminio y genocidio.

Desde el inicio, el régimen del Reich convirtió a Namibia en una colonia de asentamiento blanco mediante la confiscación de tierras y ganado a las poblaciones nativas. Así, las zonas más favorables del centro y del sur quedaron reservadas para los colonos, mientras que amplias áreas del norte y del este fueron empujadas a condiciones de mayor precariedad.

De este proceso surgieron las llamadas “reservas namibias”, deliberadamente sobrepobladas a pesar de que Namibia tiene una de las menores densidades de población en el mundo.

La salida de Alemania no transformó de fondo las estructuras de dominación. Sudáfrica incumplió desde temprano las disposiciones de la Sociedad de Naciones relativas a los derechos y condiciones de vida de la población nativa. Tras la desaparición de ese organismo, el tema pasó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 1947 propuso un nuevo esquema de administración fiduciaria, rechazado por Pretoria.

En vez de mejorar, la situación empeoró dos años más tarde, cuando el nuevo gobierno sudafricano encabezado por el National party (principal promotor del Apartheid) suspendió la transmisión de informes sobre el territorio (condición dada en su momento por la Sociedad de Naciones para poder administrar Namibia desde Sudáfrica).

Al mismo tiempo, se entregaron nuevas granjas a colonos blancos, mientras que a las poblaciones del norte se les impuso un sistema de permisos migratorios para trabajar en las zonas blancas, donde se concentraba el desarrollo económico. Estas medidas afianzaron la segregación y reforzaron prejuicios de inferioridad.

La negativa sudafricana de desprenderse del África Sudoccidental obedeció a razones geopolíticas, pero sobre todo económicas. Namibia es un territorio excepcionalmente rico en recursos naturales, especialmente diamantes, uranio (esencial para producir energía y armas de destrucción masiva) y otras materias primas estratégicas, como cobre, plomo, estaño, zinc y manganeso.

Al igual que en Sudáfrica, la agricultura y la ganadería representaban actividades económicas lucrativas de importancia, aunque la producción de alimentos era limitada. Hasta mediados de los años setenta la pesca interior era otro sector importante, pero la captura indiscriminada de especies terminó causando serios destrozos ecológicos.

Aunque nunca existió una anexión formal de Namibia como parte integral de Sudáfrica, sí existieron intenciones de realizarla, más nunca se concretó. Pretoria la trató de hecho como su “patio trasero”, bloqueando y reprimiendo cualquier intento de emancipación e independencia.

La autonomía administrativa concedida solo tuvo vigencia real en las zonas blancas del centro y del sur. Desde 1925, el gobierno sudafricano consolidó la exclusión política de la población africana al crear una asamblea legislativa con poderes delegados, diseñada para que los blancos controlaran los asuntos internos del territorio.

Así se consolidó el Apartheid en Namibia. Sin embargo, al igual que en Sudáfrica, la resistencia no tardó en surgir. Un punto de inflexión llegó el 10 de diciembre de 1959, cuando las autoridades intentaron desalojar a un grupo de residentes negros en el barrio de Old Location, en la capital Windhoek, para reubicarlos lejos de la ciudad y construir un nuevo township.

La protesta vecinal fue reprimida por la policía con violencia, y dejó un saldo de 13 personas muertas, entre ellas una mujer. Por sus consecuencias, el episodio suele compararse con los sucesos de Sharpeville, en 1960. Además, precipitó la creación, en abril de 1960, de la principal organización de resistencia antiapartheid en Namibia: la Organización del Pueblo del África Sudoccidental (SWAPO, por sus siglas en inglés).

La SWAPO encabezó un movimiento en el que convergieron la lucha contra el Apartheid y la liberación nacional. Más que una simple organización política, se convirtió en el principal marco de articulación para expresar las demandas del pueblo namibio y enfrentar la represión sudafricana.

Su programa político y de reconstrucción económica, adoptado en 1976 por su Comité en el exilio en Lusaka, Zambia, proponía una sociedad sin clases basada en la justicia social y el progreso colectivo. También planteaba transformaciones en los medios de producción y en el desarrollo de las capacidades, conocimientos y creatividad de las masas trabajadoras.

Detrás de esa visión se encuentra la figura de Sam Nujoma, su principal líder, quien concebía el futuro de su pueblo en términos de liberación nacional e independencia plena en los planos político, económico, social, defensivo y cultural.

Desde Sudáfrica se desplegaron persecuciones y duras medidas represivas, lo que empujó a la SWAPO hacia la confrontación armada. Paralelamente, desde 1966 la ONU exigió la entrega del territorio para transferirlo al pueblo namibio, a lo que Pretoria respondió creando años después la figura de un Administrador General del Territorio bajo control directo del gobierno sudafricano.

Sudáfrica impulsó, además, un modelo intensivo de inversión extranjera y explotación de recursos para sostener su negativa a entregar el territorio a la ONU. Namibia también resultaba clave para amortiguar el embargo internacional contra el régimen sudafricano y aliviar su deteriorada economía. Mantenerla bajo el yugo del Apartheid era, por tanto, una cuestión de supervivencia política y económica.

Al mismo tiempo se emprendió una ocupación militar sudafricana de forma masiva, que incluso amenazaba con posibilidades insospechadas de una carrera armamentista nuclear, así como la presencia de armas químicas y bacteriológicas para la destrucción de los valores humanos (ya de por sí casi extinguidos a causa del Apartheid).

Sudáfrica trajo a Namibia a mercenarios de todo el mundo, y con ello, los gastos militares se incrementaron estratosféricamente desde 1975, y a lo largo de los años ochenta, contribuyendo a la ruina de su gobierno.

Cuando la situación se volvió insostenible, Sudáfrica terminó por ceder. En 1988, una comisión conjunta supervisó la implementación de la Resolución 435 de la ONU para encaminar la independencia de Namibia, tras complicadas negociaciones entre Sudáfrica, la ONU, la SWAPO y varias potencias occidentales.

El acuerdo se firmó en Nueva York en diciembre de 1988, y la independencia se consumó el 21 de marzo de 1990. Con ello, el Apartheid fue desmantelado en Namibia, que se convirtió en república parlamentaria. En sus primeras elecciones, la SWAPO — ya convertida en partido político — obtuvo el 57% de los votos. Al no alcanzar una mayoría absoluta, otras fuerzas políticas también participaron en la redacción de la nueva Constitución.

Ésta contenía, en palabras del profesor Gerhard Erasmus de la Universidad de Stellenbosch, “un notable conjunto de controles y equilibrios finamente ajustados sobre el ejercicio del poder”. Tras adoptar una línea cautelosa y conservadora en materia de reformas económicas y sociales, la SWAPO contribuyó a convertir a Namibia en uno de los Estados más estables, democráticos y con mayor progreso social del continente africano.

De este modo, parte de la visión de Sam Nujoma se materializó. Aun así, Namibia sigue enfrentando retos profundos para superar las secuelas del Apartheid, especialmente en materia de desigualdad.

El Ejercicio Alcora y el régimen segregacionista de Rhodesia del Sur.

Los últimos 25 años del Apartheid en Sudáfrica estuvieron marcados por un mismo objetivo: preservar, a toda costa, el poder y los privilegios de la minoría blanca frente al creciente rechazo, organización y conciencia política de los pueblos negros del África austral.

Como ya vimos en el caso de Namibia, el régimen sudafricano no solo enfrentó movimientos antiapartheid en su interior. También tuvo que responder a las distintas luchas guerrilleras de liberación nacional dentro de la región.

La Sudáfrica del Apartheid percibía la descolonización africana como una amenaza directa a sus intereses. Por ello, intervino política y militarmente contra esos movimientos con la intención de preservar un orden regional afín a sus intereses y valores supremacistas.

El Ejercicio Alcora fue el nombre de la alianza militar secreta establecida en 1970 entre el Estado Novo portugués y los regímenes segregacionistas de Sudáfrica y Rhodesia del Sur. Según el historiador y diplomático Vicente de Paiva Brandão, su propósito era frenar las luchas anticoloniales y antiapartheid en el sur de África.

A través de esta alianza, Lisboa, Pretoria y Salisbury (hoy Harare) también pretendían evitar que África del Sur fuera un espacio disputado por las dos superpotencias de la guerra fría, que tenían discursos anticoloniales.

Los sudafricanos consideraron la supervivencia de las colonias portuguesas de Angola y Mozambique como una vanguardia de la defensa de su propio país y del régimen, por lo que compartieron cualquier información y apoyo militar a la dictadura salazarista. Todo esto fue muy camuflado.

La resistencia a las agresiones militares provino de distintos frentes, tanto regionales como internacionales. Con la independencia del Congo Belga, se crearon campos de concentración en este territorio para los guerrilleros que lucharon contra los regímenes del Apartheid y del salazarismo. Posteriormente también arribaron tropas cubanas, quienes se concentraron en Angola y Namibia.

Tras el colapso del régimen portugués, la posición de Sudáfrica se debilitó, sobre todo en sus fronteras orientales, porque Mozambique (con quien hace frontera) adoptó un programa de gobierno de orientación socialista. Angola hizo lo propio, lo cual amenazaba directamente a Namibia y sus reservas del norte.

A pesar del embargo de armas impuesto por la ONU a Sudáfrica desde 1977, el régimen del Apartheid se las arreglaba para violar los acuerdos. Llegaron armas provenientes desde Israel, Estados Unidos y algunas naciones militarizadas de Sudamérica, como Chile, Paraguay y Uruguay.

Todos los países de la región del sur de África fueron víctimas, de alguna u otra forma, de las agresiones militares del gobierno del Apartheid de Sudáfrica: sabotajes, bombardeos aéreos, operaciones de tropas y hasta ocupación militar. Las acciones contra los exiliados y refugiados sudafricanos tuvieron un papel primordial dentro de esta estrategia.

Tras las independencias de Angola y Mozambique, Pretoria reforzó su alianza con el régimen de Ian Smith en Rhodesia del Sur, donde operaba un sistema que, aunque no puede equipararse por completo al Apartheid sudafricano, sí fue claramente segregacionista, racista y discriminatorio.

El origen de este Estado africano se sitúa en 1953, cuando la corona británica aglutinó sus territorios coloniales de Nyasalandia y las Rhodesias del Norte y del Sur en una sola Federación, que tan solo duró diez años. En 1964 Rhodesia del norte se independizó y adoptó el nombre de Zambia, mientras que Nyassalandia realizó lo propio y se convirtió en lo que hoy es Malawi.

Un año más tarde, Rhodesia del Sur también proclamó su independencia, pero lo hizo de manera unilateral y sin reconocimiento del Reino Unido, con el fin de impedir la instauración de un gobierno de mayorías. Bajo el liderazgo de Ian Smith, el territorio aspiró a consolidarse como un “Estado blanco” al servicio de los privilegios de la minoría blanca.

Con este objetivo, Rhodesia funcionó como un Estado de facto durante más de 15 años, lapso en el cual imperó un sistema de segregación muy parecido al Apartheid.

Aunque su Constitución no apelaba abiertamente a criterios raciales, su lógica estaba diseñada para preservar la hegemonía política de la minoría blanca, desfavorecer a la población negra y restringir su participación efectiva.

Ese objetivo se materializó mediante un sistema electoral escalonado, vinculado a la educación y a la riqueza de los votantes. En la práctica, ello produjo un padrón casi enteramente blanco.

Aunque existía representación negra en el gobierno rhodesiano, estaba estructurada para permanecer siempre en minoría y sin posibilidad real de controlar el Parlamento. Las leyes coloniales también regulaban dónde podían los negros comprar tierras y establecerse, lo que se tradujo en una especie de variante de las “reservas sudafricanas”.

Rhodesia fue inequívocamente racista en su estructura de gobierno, simplemente evitó la radicalidad y la franqueza normativa del caso sudafricano. Pero, en esencia, seguía siendo un orden segregacionista.

El caso rhodesiano muestra que la discriminación, la segregación racial y la lógica del Apartheid también pueden consolidarse mediante estructuras de dominación social y económica menos explícitas en el plano jurídico.

Las tensiones políticas, raciales y tribales alimentadas por el gobierno segregacionista rhodesiano desembocaron en años de enfrentamientos, de donde surgieron la lucha armada por la independencia, que se caracterizó por la formación de bandos guerrilleros con fuertes raíces étnicas. A ello se sumaron la fuerte presión internacional a través de sanciones económicas y la paulatina pérdida del apoyo sudafricano.

En 1978, Smith aceptó avanzar hacia un gobierno de mayoría y firmó el Acuerdo Interno con líderes moderados. Sin embargo, el nuevo arreglo no obtuvo reconocimiento internacional y la guerra continuó.

Finalmente, a partir de acuerdos internos e internacionales y del avance de los movimientos de liberación nacional —ZAPU y ZANU, liderados por Joshua Nkomo y Robert Mugabe, respectivamente, y reunidos en un Frente Patriótico—, el país alcanzó su independencia y reconocimiento internacional bajo el nombre de Zimbabue.

La independencia de Zimbabue dejó a Sudáfrica todavía más aislada. En ese contexto, Pretoria profundizó la llamada Estrategia Total, impulsada por el primer ministro P. W. Botha, que combinaba reformas políticas limitadas con una intensa represión militar para preservar el dominio de la minoría blanca frente a amenazas internas y externas.

La estrategia buscaba perpetuar el sistema racista del Apartheid mediante la fuerza y la coordinación de recursos estatales, en un contexto de creciente sabotaje y conflicto en África del Sur, región que fue el último bastión del colonialismo y del supremacismo blanco, cuya liberación se logró en medio de una profunda crisis política en Sudáfrica y una violencia creciente caracterizada por la lucha racial, hasta que finalmente cayó.

Políticas coloniales de segregación en Liberia y Argelia.

El periodista polaco Ryszard Kapuściński sostiene, en su obra Ébano, que el sistema del Apartheid, que más tarde implantarían los afrikáners en Sudáfrica, ya tenía antecedentes en la organización social y política construida por los habitantes de Liberia.

Y en efecto, Liberia estuvo dominada durante más de un siglo por una reducida élite que se consideraba más civilizada que las comunidades nativas africanas. La peculiar diferencia es que esa élite no era “blanca” ni estaba determinada por la raza, sino que estaba conformada por los antiguos esclavos afroamericanos que llegaron al país a través de la Sociedad Americana de Colonización (ACS, por sus siglas en inglés), quien emprendió el proyecto de la construcción de un asentamiento de esclavos libertos, que no tenían cabida en las sociedades americanas.

La elección del territorio para emprender aquella empresa no fue al azar. El territorio que hoy ocupa Liberia se encuentra principalmente ocupado por una densa selva tropical y habitado por tribus pequeñas y escasamente organizadas, lo que permitió el florecimiento del asentamiento liberiano. Y se dice que el territorio fue comprado “con pistola en mano”.

La nueva comunidad no fue bien recibida por la población local, y la relación entre ambas fue hostil desde el comienzo. Los conflictos y las dificultades para internarse en las profundidades del territorio llevaron a los libertos a instalarse en las costas, donde contaban con la protección de la marina estadounidense y donde fundaron la capital del país, Monrovia.

Previamente, en este artículo, se dio cuenta del proceso de conformación histórica de Liberia, que se realizó bajo la influencia de los Estados Unidos, cuyo resultado fue una réplica de las sociedades de los Estados sureños, que tenían arraigado el racismo hasta la médula.

Pues bien, los américo-liberianos reprodujeron el esclavismo y el sistema de castas raciales y culturales del cual eran víctimas, y ahora, se convertían en victimarios, monopolizando el poder político, económico y social, excluyendo a la población africana de la toma de decisiones.

Aunque físicamente podían parecerse a los nativos, los américo-liberianos marcaron su diferencia a través de la vestimenta, la religión y ciertos códigos culturales, a los que también se sumaron algunas influencias caribeñas procedentes de Barbados y Jamaica.

Los efectos de jerarquización y exclusión resultan comparables a los del Apartheid. La selva densa actuó como barrera natural entre américo-liberianos y africanos, de modo que durante décadas el contacto fue limitado y el control efectivo del interior avanzó lentamente.

Esta dinámica creó una profunda división estructural entre los pueblos autóctonos y los colonos “americanos”, que persistió durante gran parte de la historia de Liberia.

La nueva estructura estatal dejaba totalmente al margen a la población nativa. Se discriminaban los matrimonios mixtos y la cultura nativa. Asignaron un territorio delimitado a cada una de las tribus autóctonas y cualquier tipo de oposición a su dominio era duramente reprimido.

Aunque la esclavitud fue prohibida por la Constitución de 1847, en la práctica se instauró un sistema de trabajo forzado equivalente. La propia Constitución distinguía entre “personas de color”, “américo-liberianos” y “aborígenes”, una diferencia legal que sirvió de base para la exclusión social y produjo una sociedad estratificada en la que las posibilidades de ascenso para los pueblos autóctonos fueron muy reducidas.

Esta estratificación de la sociedad afectaba a todos los ámbitos de la sociedad: pertenencia a órdenes masónicas, matrimonio, acceso a la universidad, lugar de residencia, etc. También tuvo su reflejo en la política nacional. Esta situación de discriminación institucionalizada derivó en el incremento de la hostilidad y el malestar entre la gran mayoría de la población y, finalmente, en el colapso del país décadas más tarde.

Desde 1944, paulatinamente, se aplicaron medidas para paliar el sistema de exclusión, pero ello no evitó que Liberia se viera flagelada durante años por la violencia sexual, crímenes de guerra, uso de niños soldado y la aparición de señores de la guerra.

Ahora vayamos al Magreb, donde Argelia se vio sometida a una forma cruel de segregación y exclusión racial que dejó huellas profundas y traumáticas dentro de su sociedad, cuyo rasgo estructurante fue la explotación colonial francesa de los territorios y la dominación de las poblaciones locales colonizadas (árabes y cabilas) a través de la violencia y la subvaloración jurídica, social y política.

Es inevitable notar que este sistema también es bastante similar al Apartheid de Sudáfrica y al régimen de Rhodesia, sobre todo en el sentido de que Argelia, de 1830 a 1964, estaba gobernada por una minoría de descendientes de europeos, sojuzgando a la mayoría musulmana.

Lo peculiar del caso argelino fue que éste se desarrolló en el contexto del inicio de la colonización europea de África, más de 50 años antes del reparto formal del continente. Bajo estas condiciones, Francia redefinió el modelo colonial europeo de ultramar, al convertir el extenso territorio argelino en una colonia tanto de explotación como de poblamiento, otorgándole ciertos estatus administrativos a su conveniencia, que incluso llegaron a tratarla como parte integral del territorio francés del otro lado del mar mediterráneo.

Allí, Francia construyó un sistema dual de segregación y desigualdad profunda en el que los colonos europeos, conocidos como pieds-noirs, gozaban de plenos derechos, mientras que la población local permanecía subordinada, incorporando una reconfiguración social, jurídica y cultural de gran alcance.

Tras la toma de Argel en 1830, los franceses construyeron muchos asentamientos para consolidar su dominio. A partir de mediados del siglo XIX la colonia argelina vio la llegada de un gran número de franceses, pero también arribaron ciudadanos de otras partes de Europa, sobre todo de España, Italia y Malta.

Todos ellos introdujeron nuevas técnicas de producción agrícola y fortalecieron los sectores económicos exportables. Esto creó la necesidad de más tierras, por lo que la administración colonial emprendió campañas masivas de expropiación de tierras contra la población local para que pasaran a manos europeas.

Este proyecto supuso una compleja estrategia de sometimiento, severidad y despojos de tierras, que adquirieron múltiples formas, desde la compra de tierras de dudosa legalidad hasta la invasión y confiscación.

Paulatinamente los colonos franceses y europeos destruyeron la organización socioeconómica preexistente, desintegrando el sistema tribal, la cultura beduina y asestando golpes contra la población local borrando su identidad, cometiendo actos de tortura y asesinatos. Fue un auténtico genocidio.

La ocupación militar efectiva de la actual Argelia no se consolidó sino hasta 1871. A partir de entonces se afianzó un régimen de ciudadanía desigual: para acceder a la ciudadanía francesa, los argelinos musulmanes debían renunciar a su estatus jurídico coránico.

En 1881 se aprobó el llamado “Código de indigeneidad”, que privó a la población argelina de derechos civiles y consolidó la segregación social, jurídica y económica mediante restricciones a la libertad de movimiento, expresión y asociación.

La expropiación de tierras fértiles produjo una dualidad agraria: una agricultura europea orientada a la exportación y otra local, de subsistencia y baja productividad. Esa desigualdad también se reflejó en el acceso a los servicios básicos. Las escuelas francesas, laicas y francófonas estaban dirigidas sobre todo a la población europea, mientras el acceso de los argelinos a la educación era restringido.

La política colonial impuso, además, el idioma francés, subordinando la cultura musulmana y el Islam, lo que alimentó una resistencia cultural y política persistente. Así se configuró una sociedad partida en dos órdenes profundamente desiguales: el de los colonos y el de los colonizados.

Esta estructura segregacionista estalló con la Guerra de Independencia de Argelia (1954-1962), que se caracterizó por su violencia y crudeza, a pesar de que legalmente ya no era una colonia, sino una extensión de la República Francesa.

La sociedad argelina nunca dejó de resistir, y encontró diversos medios de resistencia contra las políticas coloniales excluyentes, que se manifestó a través del panarabismo y el reforzamiento del nacionalismo islámico, elementos que facilitaron la integración nacional y la consecución de su independencia.

Hasta la fecha, los efectos del sistema de segregación y dominación colonial francesa son muy visibles en la Argelia actual, que se manifiestan en la persistencia del francés en la administración, la vida cotidiana, la identidad cultural y un intenso nacionalismo cimentado en la guerra de independencia, elementos que siguen marcando las relaciones internacionales entre Francia y Argelia, siendo evidentes las conexiones que aún mantienen en los ámbitos económicos, de cooperación e incluso a nivel cultural.

El sistema Jim Crow en los Estados Unidos.

Tras la Guerra de Secesión y la abolición de la esclavitud, Estados Unidos adoptó reformas constitucionales destinadas a proteger los derechos de la población afroamericana. Sin embargo, el sistema conocido como Jim Crow surgió precisamente para vaciar de contenido esas garantías.

Durante décadas, las leyes Jim Crow impusieron una segregación racial sistemática en casi todos los aspectos de la vida pública y privada norteamericana. Aunque el Apartheid sudafricano fue más extremo al negar de forma más completa la ciudadanía y los derechos políticos, ambos sistemas restringieron el voto, la educación, el acceso a los espacios públicos y las relaciones interraciales.

El término “Jim Crow” proviene de una caricatura teatral racista del siglo XIX. En la práctica, fueron un conjunto de normas estatales y locales, implementadas sobre todo en los Estados del sur de la Unión Americana, que estuvieron vigentes entre 1877 y hasta mediados de la década de 1960, que legalizaron la segregación racial y la discriminación contra la población afroamericana, con el objetivo de recuperar el control político y social de los blancos, así como marginar de nuevo a la población afroamericana.

Basadas en la doctrina de “separados pero iguales”, impusieron la separación obligatoria en espacios públicos (escuelas, transportes, restaurantes, baños, etc.), casi siempre en condiciones claramente desiguales. Estas medidas buscaron, a través de vacíos legales, la privación sistemática de los derechos civiles de los afroamericanos, muchas veces a través de la violencia y el control social.

Quienes desafiaban estas normas podían enfrentar multas, arrestos, agresiones y linchamientos. Junto con este tipo de racismo codificado, surgieron el racismo no codificado y la violencia racial. En ello, grupos de odio como el Ku Klux Klan cobraron protagonismo y convirtieron la vida de las personas negras en un suplicio.

Durante más de medio siglo, la segregación racial se sostuvo en una realidad material profundamente desigual. Ante los riesgos de viajar bajo segregación, surgió el “Green Book” o libro verde, una guía para identificar lugares relativamente seguros y servicios accesibles para viajeros negros. Este instrumento revela la severidad, el terror que infundían las leyes de Jim Crow, a todas luces incompatibles con los valores democráticos e incluyentes de las sociedades modernas.

Habría que esperar hasta 1954 para vislumbrar un cambio decisivo. Ese año, la Corte Suprema Norteamericana declaró inconstitucional la segregación en las escuelas públicas, al negar la igualdad ante la ley. Aun así, el cambio estuvo lejos de ser inmediato.

En diciembre de 1955, Rosa Parks, una costurera y secretaria, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús segregado en Montgomery, Alabama. Su arresto inspiró el Boicot a los Autobuses de Montgomery, que terminó cuando la Corte Suprema sentenció que eran anticonstitucionales.

Rápidamente Parks se convirtió en el símbolo de la lucha contra la segregación racial. Tras varias décadas de lucha, se consiguió aprobar la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación en lugares públicos, en el empleo y en programas financiados por el Gobierno Federal, y la Ley de Derechos Electorales de 1965, que eliminó las barreras legales que impedían a los afroamericanos votar.

Muchos estados se resistieron a la nueva legislación, por lo que fueron necesarias amplias movilizaciones y el liderazgo de figuras como Martin Luther King Jr. para avanzar en la conquista de los derechos civiles.

A pesar del desmantelamiento de las leyes de Jim Crow, su legado aún pesa sobre la vida estadounidense. Décadas después, la sombra de la segregación racial permanece en territorio estadounidense.

Episodios como la muerte de George Floyd reactivaron el debate sobre la persistencia del racismo estructural e impulsaron movilizaciones como Black Lives Matter, demostrando que la lucha contra la discriminación no está plenamente superada en el siglo XXI.

La situación de los territorios palestinos.

La caracterización del control israelí sobre los territorios palestinos como una forma novedosa de Apartheid es un aspecto en el que coinciden numerosos analistas políticos, diversos informes de la ONU y Organizaciones no Gubernamentales, como Amnistía Internacional, quienes siguen de cerca la situación de la población civil palestina.

Aunque el Apartheid surgió en un contexto y momento diferente al que se vive ahora en Medio Oriente, la Resolución 77 de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unidad Africana (OUA) afirma que la situación de sometimiento y control israelí de los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza se asemeja mucho a los regímenes racistas que existieron en Sudáfrica y Rhodesia, mismos que ya analizamos, teniendo todos un origen imperialista común y estructura idéntica.

Si analizamos con detenimiento, encontramos muchos elementos comunes que se encuentran presentes tanto en el sionismo como en el nacionalismo afrikáner: la creencia de ser “el pueblo elegido por Dios”, un pensamiento supremacista, la tierra prometida, el sufrimiento del pueblo en el destierro y la idea de una “raza superior”.

Por ello se habla de bantustanes palestinos y reservas cisjordanas, y argumentos sobran para sustentarlo. De hecho, el actual gobierno de Sudáfrica, emanado del Congreso Nacional Africano (principal movimiento antiapartheid) es uno de los principales promotores de la causa palestina a nivel mundial, aspecto que tiene mucha relevancia en la geopolítica actual.

Esto nos dice mucho sobre esta variante de Apartheid. La simple creación del Estado de Israel, en 1948, supuso el desplazamiento masivo de más de 700 mil ciudadanos palestinos. A partir de entonces, los sucesivos gobiernos de Israel han creado y mantenido un sistema de leyes, políticas y prácticas concebidas para oprimir y dominar a la población palestina.

Este sistema se manifiesta de diferentes formas, pero la intención es siempre la misma: privilegiar a la población israelí judía a expensas de la palestina. Aquí, la segregación se basa en la religión y la ciudadanía, más que en cualquier categoría racial.

Israel controla la movilidad, los recursos y la seguridad militar de la vida de los palestinos, negándoles incluso la negación de construir un hogar. Mientras que en Cisjordania se expanden los asentamientos israelíes (ilegales por el derecho internacional) al tiempo que militariza su territorio y controla la movilidad, la Franja de Gaza está sobrepoblada, cual bantustán, y sufre una grave crisis humanitaria a causa del reciente conflicto bélico.  

Dentro de la misma ciudad de Jerusalén (en su parte oriental), viven hacinados miles de palestinos, cuyos suburbios se encuentran subdesarrollados y carecen de servicios públicos esenciales, situación que se asemeja mucho a la que presentaba el township sudafricano Soweto en la década de los años setenta.

Estas realidades diametralmente opuestas, aunado al hecho de que no existe conexión física entre ambos territorios palestinos, constituye una parte esencial del mantenimiento del sistema segregacionista israelí.

Al mantener a la población palestina separada entre sí en diferentes dominios territoriales, jurídicos y administrativos, esto tiene el efecto de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos entre las comunidades palestinas, facilitando las labores de represión, así como maximizar el control sobre la tierra y a mantener una mayoría demográfica judía.

Al igual que el sistema segregacionista francés en Argelia, Israel niega a los palestinos la nacionalidad y sus derechos de igualdad jurídica, mientras que la población palestina sufre graves restricciones a la libertad de circulación en sus territorios ocupados.

Al respecto, Israel se ha apoyado en la tecnología para establecer nuevas y más sofisticadas formas de control y segregación: bases de datos, vigilancia, sensores de movimiento y un sistema de cámaras administradas por autoridades militares y civiles, forman parte de un sistema que se alimenta de algoritmos para clasificar lugares, personas y los puntos con mayor riesgo potencial.

Así, el Apartheid entra a una nueva dimensión, consistente en la combinación de muros visibles e invisibles. Pero el objetivo sigue intacto: la continuación de una separación sistémica normalizada.

A pesar de que la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el régimen de segregación impuesto por Israel viola las normas internacionales de los derechos humanos, se vislumbra lejana la caída de este sistema, ante la complacencia de la Comunidad Internacional.

Si el Apartheid es inaceptable en cualquier parte del mundo, este caso obliga a preguntarse por las razones de su tolerancia o normalización en la realidad palestina contemporánea, aunque es evidente que detrás de ello se esconden poderosos intereses económicos, militares, geopolíticos y hegemónicos a nivel mundial.

La lección debe quedarnos muy clara. Nunca, en ningún lugar, debe imperar la segregación racial, el racismo ni la discriminación promovidas desde las altas esferas del poder político o el Estado. Cada uno de los regímenes que hemos revisado marcó de forma negativa el rumbo de sus sociedades, y teniendo esto en mente, nuestra labor es erradicar cualquier ideología supremacista o dominación que pretenda que un determinado grupo o clase social se imponga sobre otra. Como se dice por ahí, quienes no conocen la historia, estarán condenados a repetirla.

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