Mozambique atraviesa por una crisis muy profunda, donde se han combinado la pobreza, conflictos armados, desastres naturales, división nacional y malas decisiones gubernamentales. Ante ello, se analizan las causas y consecuencias que derivaron en esta situación, mediante una óptica que incorpora a la seguridad como elemento central del problema.
Durante los últimos meses de 2024 las calles de Mozambique se convirtieron en un hervidero. Las elecciones generales del 9 de octubre dieron como resultado el triunfo de Daniel Chapo, el candidato oficial del Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), partido político que también obtuvo la mayoría en la Asamblea de la República, con 171 escaños de 250.
A pesar del amplio margen de victoria, la oposición política acusó fraude electoral, acción que fue secundada por miles de personas, quienes tomaron las calles en protesta contra los resultados y el partido gobernante.
Por momentos, las tensiones post-electorales entre los manifestantes y la policía mozambiqueña escalaron a tal grado que se registraron más de 100 muertes de octubre de 2024 a enero de 2025, además de disturbios, saqueos, daños y afectaciones económicas, que se estiman en 340 millones de euros, el equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Las pérdidas afectaron a sectores clave de la economía mozambiqueña, como el comercio y los transportes, perdiéndose alrededor de 1,200 empleos tras la paralización del puerto y la ciudad de Maputo, la capital del país.
Observadores internacionales, como la Unión Europea, la Unión Africana y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), han manifestado sus preocupaciones por la situación interna de Mozambique y su proceso electoral, llamando a una solución pacífica para evitar mayores tensiones a nivel interno y regional.
Las acusaciones de fraude electoral es algo que se ha vuelto común en los países africanos que celebran elecciones, y aunque ésta no parece tener sustento ni posibilidades de éxito ante el alto porcentaje de triunfo del Frelimo y su candidato a la presidencia (70.67%), sí podemos apreciar un creciente y notorio hartazgo social acumulado a lo largo de muchos años, vinculado al rechazo hacia el oficialismo, en el poder desde 1975, año en que se consiguió la independencia.
Estos hechos reafirmaron que este país se desliza por un profundo declive, del cual parece que no saldrá pronto. No se habla tanto de la crisis multidimensional que atraviesa Mozambique, pero la realidad es que se trata de una de las más severas que se desarrollan actualmente en África.
El país está sometido a grandes presiones por varios frentes, y es urgente que se tomen medidas efectivas para revertir este panorama. Algunos de los principales problemas y desafíos nacionales son los siguientes:
- Mozambique es un país de bajos ingresos y con déficit de alimentos. Ocupa el puesto 103 de 107 países incluidos en el índice global del hambre.
- Se encuentra entre los diez países con menores niveles de desarrollo humano, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Polarización política del país, sustentada en fracturas étnicas y regionales.
- Es el tercer país de África más propenso a sufrir desastres naturales asociados a los efectos del cambio climático, ya sea en forma de ciclones, sequías e inundaciones.
- Altos índices de criminalidad y violencia en las calles de las principales ciudades del país.
- Creciente pobreza, desempleo, corrupción y desigualdad económica.
- Irrupción de un movimiento yihadista en el norte del país, en específico, en la provincia de Cabo Delgado, mismo que ha perpetrado actos terroristas contra la población civil y pretende establecer un califato en la región, desafiando directamente al gobierno de Maputo.
Son muchas las causas que explican este desastre social y humanitario. Entre ellas encontramos serios problemas estructurales, como la falta de infraestructuras básicas, excesiva regularización, centralización y falta de diversificación económica.
Además de aquellas, un aspecto crucial de la crisis de Mozambique es la falta de seguridad, entendida en un sentido amplio. No solo nos referimos a ella en términos de protección, sino también en cuanto a estabilidad, cobertura y certidumbre en diversos aspectos de la vida nacional, entre los que destacan los sociales, alimentarios, climáticos, económicos, digitales e internacionales.
Dado que es facultad del Estado salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, los sucesivos gobiernos de Mozambique han fallado a su población en ofrecer seguridad en todas sus formas, así como preservar la paz, el orden y las libertades públicas dentro de su territorio.
Desafortunadamente son muchos los Estados de África que se encuentran en la misma situación. No obstante, el caso de Mozambique ejemplifica como pocos las graves consecuencias que conlleva la desatención de la seguridad integral y la ausencia de políticas públicas que garanticen el bienestar de los ciudadanos en un ambiente de armonía, bienestar y libre de violencia.
A lo largo de casi 50 años de vida independiente, este país del sur africano ha sido de todo, menos seguro. Al igual que Angola, fue una colonia portuguesa en África, y ambas naciones se enfrascaron en una lucha armada para lograr su libertad.
El Frelimo – fundado en 1962 por Samora Machel y Eduardo Mondlane – fue la organización que lideró el movimiento por la independencia de Mozambique, y una vez obtenida, se transformó en un partido de corte marxista-leninista.
Sin embargo, pronto los disidentes anticomunistas se instalaron en Rhodesia (hoy Zimbabue) y crearon la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), comenzando una guerra civil que duró 17 años, hasta 1992, con la firma de los Acuerdos de Roma.
Entre los consensos alcanzados destacó la transición del país hacia un sistema democrático multipartidista, al mismo tiempo que el Frelimo abandonó su carácter socialista y adoptó una ideología socialdemócrata, en el marco del fin de la guerra fría.
Aunque la guerra civil finalizó y el proceso de paz fue tomado como referencia y ejemplo para futuras negociaciones similares dentro del continente, las tensiones entre ambos bandos persistieron. La implementación de los Acuerdos de Paz firmados en Roma siempre fue transgredida e incompleta.
El Frelimo continuó gobernando al país de manera autoritaria y centralizada, fomentando la división nacional. Una buena parte de sus miembros pertenecen a la etnia makonde, grupo que habita el norte de Mozambique, el sureste de Tanzania y otras comunidades más pequeñas en Kenia.
Por ello, sus críticos hablan de la “makondización” del país, en detrimento de otras etnias, principalmente de los makua, tsonga, lomue y sena, los más importantes del país, casi todos de origen bantú.
A lo largo de los años, los miembros del Frelimo han acumulado mucho poder y riquezas. Lejos de fomentar la reconciliación e integración nacional, se han dedicado a favorecer a sus allegados y aliados a través de concesiones para la explotación de recursos.
La falta de transparencia de dichas concesiones – especialmente en los sectores minero y energético – ha generado un aumento de la corrupción y la desigualdad, remarcados por la escandalosa riqueza por parte de una élite restringida y con poco impacto en el empleo local.
Mientras tanto, dos tercios de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, la gran mayoría, en las zonas rurales. Esto a pesar de que en los últimos 20 años Mozambique ha tenido un crecimiento económico del 7% anual, y es uno de los principales destinos en África de flujos de inversión extranjera directa y ayudas al desarrollo.
Y es que no estamos hablando de un país irrelevante, todo lo contrario. Mozambique concentra enormes yacimientos de recursos estratégicos para la industria energética, sobre todo carbón y gas natural.
Su ubicación geográfica es privilegiada, cuya extensión le permite servir de puente entre el sur de África con regiones centrales y orientales. Sus costas, que se extienden por el Océano Índico, son un auténtico corredor logístico que desempeña un papel vital en las cadenas comerciales de valor, conectando con países del continente que no tienen salida al mar.
Un ejemplo representativo sobre este asunto es el corredor de Maputo, un proyecto logístico y comercial que conecta el puerto de Maputo con las provincias sudafricanas de Gauteng, Limpopo y Mpumalanga, regiones que se encuentran entre las más productivas e industrializadas del sur de África.
No obstante, el país presenta importantes riesgos vinculados a su geografía. Sobre todo, Mozambique es vulnerable a los ciclones, sequías e inundaciones, fenómenos que han aumentado en los últimos años como consecuencia del cambio climático, ocasionando daños y pérdidas en las actividades económicas del país.
Dadas las fracturas políticas, sus vulnerabilidades y su importancia geoestratégica, Mozambique es un caldo de cultivo para el surgimiento de la inseguridad. Ante la concentración del poder político y económico, promesas incumplidas y la baja calidad de vida, prevalece entre los mozambiqueños una sensación de indignación, que posteriormente se materializa en hechos violentos.
Las contradicciones y vulnerabilidades del aparato estatal mozambiqueño comenzaron a visibilizarse con mayor claridad a partir de octubre de 2017, cuando en Cabo Delgado, la provincia más septentrional de la República y que hace frontera con Tanzania, comenzó a ser escenario de atentados terroristas de corte yihadista contra la población civil. La provincia, de mayoría musulmana y rica en gas natural, ha sido olvidada por el gobierno de Maputo históricamente.
Estos actos son orquestados por un grupo que se denomina Al-Shabaab, pero no tiene lazos conocidos con la organización somalí homónima. Denominado inicialmente como Ahlu Sunnah Wal-Jamâa (“Adeptos de la Tradición del Profeta y la Congregación”) es integrado por jóvenes de Mocímboa da Praia, ciudad portuaria de Cabo Delgado.
Se conoce que sus líderes mantienen vínculos con religiosos radicales con Oriente Medio y el Norte de África, habiendo estudiado en las monarquías del Golfo Pérsico, donde se radicalizaron bajo las corrientes salafista y wahabbita. También lo integran militantes radicales de Kenia, Tanzania y Somalia.
La mayor parte de los miembros del grupo proviene de clases sociales desfavorecidas, y el reclutamiento se realizó bajo promesas monetarias, de empleo y de estudios, realizando su captación por medio de lazos familiares y de amistad.
Desde antes de octubre de 2017 era evidente su radicalización islámica y desobediencia a las autoridades locales y estatales, quienes fueron indiferentes a lo que sucedía frente a sus ojos. Y cuando quisieron actuar, ya era demasiado tarde.
Ante la delicada situación y la falta de recursos para combatir la amenaza, el gobierno mozambiqueño, entonces encabezado por Filipe Nyussi, pidió ayuda internacional para combatirlos. Para ello, se contrataron los servicios del Grupo Wagner, un servicio militar privado ruso, muy cercano al Kremlin y a Vladimir Putin. También se firmó un contrato con Ruanda, país que envía sus tropas para proveer de seguridad a Cabo Delgado.
A pesar de los recientes avances y victorias de las tropas ruandesas, la insurgencia armada y las actividades ilícitas persisten en la provincia norteña y los ataques yihadistas han crecido, lejos de aplacarse.
Dado el abandono estatal y la falta de atención a sus precarias condiciones sociales, Cabo Delgado fue la presa perfecta para establecer el nuevo centro de operaciones del islamismo radical y la emergencia de un nuevo frente de combate internacional contra el yihadismo, que ha ido ganando posiciones hasta convertirse en una fuerza potente, comprometiendo la seguridad mundial en una zona estratégica para el desarrollo de la actividad económica en el continente africano.
Si acercamos la mirada a las condiciones sociales referidas dentro de este país, se comprende mejor el clima de inseguridad al que se enfrenta y el grado de descomposición social tan alto que prevalece en su territorio.
De entrada, el acceso a los alimentos sigue siendo una preocupación fundamental en Mozambique. A pesar de la importancia de los sectores extractivos, energéticos, comerciales, logísticos y de transportes, el 80% de la población del país se dedica a trabajos informales, sobre todo en actividades agrícolas o primarias, o bien, en esquemas de autoempleo.
Solamente el 7% del territorio de Mozambique es apto para las actividades agrícolas, y durante la guerra civil fueron abandonadas, y algunas continúan sin producir. Aunado a ello, las sequías e inundaciones afectan gravemente la producción de alimentos, que no ha aumentado en los últimos diez años, por lo cual se depende cada vez más de los productos importados.
En promedio, el 25% de las familias mozambiqueñas padece inseguridad alimentaria aguda al menos una vez al año a causa de las perturbaciones, que se ven agravadas durante las temporadas de escasez.
Por todo ello, el programa Mundial de Alimentos cuenta con un plan estratégico para Mozambique con un costo de más de 819 millones de dólares estadounidenses, con el objetivo de combatir la inseguridad alimentaria, en donde poco más de la mitad de los hogares no puede permitirse una dieta nutritiva.
La niñez y la juventud en particular se ven muy afectada por diversas formas de desnutrición, como la emaciación, el retraso del crecimiento, el sobrepeso, la insuficiencia ponderal y las carencias de micronutrientes.
Aunado a la desnutrición, entre estos sectores poblacionales han aumentado casos de infección por el VIH-SIDA y de tuberculosis. A su vez, este país tiene la quinta tasa de matrimonio infantil más elevada del mundo, y el 40% de las mujeres tienen a su primer hijo antes de los 18 años.
Todo esto es importante porque el 43% de la población de mozambique tiene 15 años o menos. De esta manera, el país cuenta con un bono demográfico muy valioso, pero que hoy es extremadamente vulnerable, y necesita ser asegurado de alguna forma para ser aprovechado en beneficio del desarrollo del país.
Desafortunadamente está sucediendo lo contrario. Los jóvenes mozambiqueños sufren de falta de oportunidades educativas y laborales, donde más de la tercera parte de ellos están desempleados.
De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial, el sistema de protección social de Mozambique está en desarrollo, pero falla justo en los mayores riesgos sociales de la nación: las familias pobres con niños, la juventud y los trabajadores que se emplean en la agricultura de subsistencia, que en su mayoría carecen de este esquema.
El gobierno gasta una buena parte de su presupuesto en este rubro, pero gran parte de los subsidios son innecesarios y benefician solo a unos cuantos, con lo cual se tienen resultados adversos a los esperados.
Entre los programas sociales que se han implementado, los principales beneficiarios son personas que padecen enfermedades crónicas, así como beneficios económicos a los adultos mayores y personas con discapacidad.
También se cuenta con un gran número de esquemas de protección social y programas para los trabajadores que cuentan con salarios bajos y personas en situación de pobreza extrema. La mayoría de los beneficiarios están inscritos en el Programa de Subsidio Social Básico, el más grande del país.
La seguridad social es obligatoria por mandato constitucional, y es administrada por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que cubre enfermedades, maternidad, accidentes de trabajo, discapacidad y fallecimiento. En 2022, 994 mil personas cotizaban al seguro social en el país.
Su sistema de pensiones es bipartito, en el cual el empleado con el 3% de su salario, mientras que el patrón con el equivalente al 4% de ese salario. La edad para pensionarse es de 60 años para los hombres, de 55 para las mujeres, o bien, después de haber contribuido por 35 años.
Este esquema de seguridad social tiene mucho potencial de crecimiento y mejora. El gran problema es que solamente el 7.3% de la población económicamente activa del país cuenta con seguro social, porcentaje que es ligeramente inferior al promedio del continente africano, que es de 10%.
Dado lo anterior, el gobierno tendrá que racionalizar su gasto público, desarrollar mecanismos para maximizar el impacto de los esquemas de seguridad social en la reducción de la pobreza y realizar reformas institucionales para extender la cobertura del seguro social.
Ambos porcentajes son demasiado bajos, que revelan los enormes desafíos que Mozambique y el resto de África enfrentan en seguridad social, especialmente entre la población más joven es la que necesita y demanda más atención.
Este último punto es relevante, porque los jóvenes son los principales protagonistas de las protestas y manifestaciones contra el gobierno en Mozambique. Y es que la violencia y la inseguridad están presentes por todas partes.
Mientras que en el norte el gobierno ha perdido el control de parte del territorio a manos de la insurgencia yihadista, en las costas e islas el descontrol ha permitido la proliferación del narcotráfico y actos ilícitos.
Dentro de las ciudades también se habla de la necesidad de paz: en el transporte público, en las escuelas, en los mercados, en las iglesias, entre otros sitios.
La policía mozambiqueña se encuentra sumida en una enorme precariedad: faltos de equipamiento, material e incluso de alimentos, por lo cual son inefectivos en su labor. Dadas estas condiciones, muchos oficiales buscan su propio beneficio, y frecuentemente son acusados de extorsión por civiles y turistas. La policía de tránsito es de las peor evaluadas, con múltiples actos de cohecho, soborno y extorsión, y abusos y violaciones a los derechos humanos.
La situación del ejército y las fuerzas armadas no es mejor. Actualmente se encuentran desmoralizados ante los continuas bajas por los ataques de los islamistas. Y mientras está ocupado en combatir a los terroristas en el norte, no existe un marco regulatorio que facilite su desmovilización ni rendición de transparencia.
El sistema judicial, al igual que la policía, está plagado de corrupción, dando como consecuencia altos niveles de impunidad y el fortalecimiento del crimen organizado. Peor aún, existen evidencias que vinculan a miembros del sistema judicial con los del crimen organizado y militantes del Frelimo.
En Mozambique existen muchas organizaciones criminales en todo el país. Además de los grupos delictivos locales, también operan en el país organizaciones chinas, tanzanas y pakistaníes, involucradas en diversas operaciones ilícitas y contrabandos, principalmente en el tráfico de heroína, personas, madera, marfil, especies marinas y otros tipos de drogas.
Por su fuera poco, las instituciones públicas y gubernamentales han sido atacadas a través de ciberataques a gran escala. Uno de los más recientes fue por el grupo llamado “Ejército Cibernético Yemeni”, que bloqueó y volvió inoperables las páginas web del gobierno.
En la siguiente gráfica se muestran los principales mercados criminales que se desarrollan en Mozambique, y dadas sus limitaciones institucionales y presupuestales, no existen unidades especializadas que combatan a todas las formas del crimen organizado.
Actualmente Mozambique ocupa el 11vo lugar dentro del continente africano en materia de criminalidad, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado, por detrás de países que atraviesan por situaciones de conflicto e inseguridad aún más críticas, como la República Democrática del Congo, Sudán y Sudán del Sur.
Pero también de Sudáfrica y Nigeria, las dos economías más grandes del continente, lo cual nos indica que la seguridad es una problemática común a lo largo del continente, tal y como lo observamos en la siguiente página.
Evidentemente, las estrategias de prevención del crimen en África y en Mozambique son limitadas, y la mayor parte de ellas tiene un carácter combativo u ofensivo, que consisten en la implementación de enfrentamientos, castigos y condenas más severas para evitar la proliferación de delitos de alto y bajo impacto.
También se cuenta con algunas estrategias administrativas, mediante modificaciones y reformas a los sistemas penales, institucionales y civiles para atender de mejor manera a las víctimas de la inseguridad y los grupos de delincuencia organizada, así como el correcto funcionamiento de los cuerpos de seguridad nacional.
Todas esas acciones son necesarias, pero insuficientes para garantizar la seguridad pública. Para ello, se tienen que establecer estrategias de combate a la inseguridad desde lo social, con un carácter preventivo, y articuladas con estrategias combativas y administrativas eficaces y eficientes.
Dentro del contexto mozambiqueño, donde no se tiene asegurada la seguridad alimentaria ni la seguridad social, en consecuencia, tampoco se puede garantizar la seguridad pública. Sin alimentos suficientes y accesibles para todos, fondos de pensiones dignas, prestaciones laborales, salud, educación, empleo y protección contra riesgos de trabajo, prevalecerá un ambiente potencialmente explosivo y es la combinación para el estallido de conflictos y crisis.
Por lo tanto, para combatir su crisis actual, Mozambique tendrá que elaborar un plan estratégico de seguridad integral que contemple cada uno de los tipos de inseguridad que afectan a su población, de modo que contenga acciones específicas para actuar contra este problema.
Bajo las condiciones políticas y económicas actuales, es poco probable que el nuevo gobierno de Mozambique implemente los cambios y reformas que realmente se necesitan en materia de seguridad, por lo cual el cambio tendrá que venir de otros actores del país, y eso es lo que estamos viendo.
La sociedad civil ha levantado la voz, y ha organizado marchas contra la ola de violencia, la corrupción y los secuestros. La Iglesia católica y la comunidad musulmana del país también han denunciado estas acciones, afirmando que si continúa el culto a la personalidad de los dirigentes de los partidos políticos, no estará garantizada la paz en Mozambique.
Irónicamente, el principal líder de la oposición de Mozambique en la actualidad, Venâncio Mondlane, es un pastor evangelista que cree que está destinado a cambiar el destino del país. La emergencia de un discurso nacionalista y populista, que está ganando adeptos entre la juventud mozambiqueña, es lo que el país menos necesita, porque está dividiendo aún más a la sociedad.
Por su parte, la comunidad internacional se ha mostrado tibiamente preocupada con la situación actual, pero duda en acusar directamente al gobierno por miedo a perder concesiones o privilegios en futuros contratos energéticos, lo cual constituiría un freno para la economía.
A pesar de las altas expectativas y el optimismo alrededor del país, Mozambique permanece en una situación económica precaria. Su futuro a mediano y largo plazo se determinará por muchos factores, incluyendo el progreso del desarrollo de sus proyectos de extracción de gas natural, otros proyectos de desarrollo, las tendencias demográficas y las decisiones de otros actores externos, como la SADC, Ruanda, Rusia y los Estados Unidos.
A nadie le conviene la inseguridad, y mucho menos una nueva guerra civil, que precipitaría a Mozambique en un Estado todavía más frágil. El riesgo de que se creen conflictos regionales es cada vez más alto, y la SADC no se distingue por resolver crisis políticas ni de seguridad.
Un colapso de Mozambique afectará en buena medida a Sudáfrica, al disminuir el ritmo de sus actividades comerciales y logísticas que pasan por el país. A su vez, países como Zimbabue, Malawi y Eswatini también tendrían afectaciones políticas y flujos de personas desplazadas y refugiadas.
Por lo pronto, el factor político y la situación de seguridad son factores críticos en su evolución a corto plazo. El deterioro de la inseguridad podría diezmar el ritmo de la actividad económica, la producción e inversiones.
El modelo económico y político establecido después de la guerra civil ha fracasado, y el Frelimo no será capaz de ganarse de nuevo el apoyo de la población si la inseguridad persiste. Se tiene que romper con el ciclo de violencia y pobreza a través de políticas públicas y sociales redistributivas, con mayor empleo y más servicios públicos.
De igual forma se deben abrir procesos de diálogo y reconciliación nacional, evitar la trampa del populismo, crear sistemas anticorrupción, reformas institucionales de fondo y abrirse espacios de participación política, democrática, juvenil y ciudadana.
Si persiste la división nacional, el país se encamina a un ciclón más poderoso que Idai, Kenneth, Freddy o cualquier otro que haya golpeado su territorio. Mozambique es una bomba activada, y es cuestión de tiempo de que explote, a menos que exista la voluntad de una transformación política y social.
Carlos Luján Aldana
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