Las calles de Nairobi y otras ciudades de Kenia han sido tomadas por manifestantes que rechazan una polémica inicativa fiscal por parte del gobierno que busca aumentar impuestos.
El pasado mes de mayo el gobierno de Kenia, encabezado por su presidente, William Ruto, presentó su proyecto de miscelánea fiscal para el periodo 2024/2025 para su discusión en el parlamento. Esta iniciativa contemplaba un aumento de 2,700 millones de dólares en impuestos adicionales y la creación de otros nuevos.
El propósito de esta política es reducir el déficit presupuestario y la deuda pública del país, que actualmente representa el 68% del Producto Interno Bruto, nivel por encima del que recomiendan los organismos financieros internacionales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, principalmente), y condición para que el país obtenga más fondos por parte de éstos.
Parte de estas medidas incluyen impuestos al valor agregado sobre algunos productos de primera necesidad, como el pan, aceite vegetal y azúcar, así como un impuesto anual de 2.5% sobre vehículos automotores, un incremento impositivo del 3% sobre las importaciones y la creación de impuestos a los servicios digitales, licencias de software y transferencias bancarias.
Dado que estas propuestas afectan a la población más vulnerable y acarrean un aumento en el costo de la vida para los kenianos, este proyecto de ley ha provocado protestas masivas y confrontaciones violentas en todo el país desde finales de junio.
La jornada más violenta tuvo lugar el pasado 25 de junio, cuando los manifestantes lanzaron un asalto a la sede del parlamento, dejando un saldo de 23 muertos y más de 300 heridos, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia.
Debido a la presión social ejercida, al día siguiente el presidente Ruto confirmó que no firmaría el polémico proyecto de ley presupuestaria, sin embargo, no logró apaciguar las manifestaciones en el país, que también se volcaron contra el presidente, criticando duramente su gestión, que apenas cumplirá dos años en septiembre próximo.
No es la primera vez que Kenia vive episodios de protestas masivas, pero en esta ocasión la oleada de marchas y tomas de calles no tuvo precedentes, y fue reprimida de forma muy severa por parte de la policía, que no dudaba en lanzar golpes y gases lacrimógenos a los inconformes, quienes lanzaron piedras a los uniformados. Desde el pasado 18 de junio, los informes señalan que 39 personas han muerto y casi 400 han resultado heridas.
El mandatario keniano ha abogado a la sociedad civil a mantener diálogos para discutir los asuntos públicos del país y la situación de la deuda externa, así como en establecer un compromiso con los jóvenes, los principales protagonistas de las protestas. Sin embargo, también advirtió que no se tolerará ninguna “amenaza” que implique un peligro para el país, y que de no hacer algo, estarán en riesgo la continuidad de los programas públicos que mantiene el gobierno, así como el pago del servicio de la deuda.
Tras esta decisión, el gobierno keniano tendrá que buscar nuevas opciones para estabilizar sus finanzas públicas y su situación macroeconómica, dentro de las cuales podría verse obligado a implementar medidas de austeridad gubernamental o recortes a sus gastos de operación. Aún así, de acuerdo con la calificadora S&P Global Ratings, es improbable que Kenia logre los objetivos fiscales que se trazó en un principio.
Además, William Ruto ha perdido popularidad y legitimidad de su mandato, viéndose deteriorada su imagen a nivel nacional e internacional, siendo Kenia un país importante a nivel regional, y uno de los mayores socios de Estados Unidos y Occidente en África.
Con información de La Jornada, SwissInfo y Reuters.
