Sede del Banco Central de Libia, en Trípoli. Fotografía: Wikimedia Commons.
Los gobiernos antagónicos que se disputan la soberanía y legitimidad sobre el territorio libio han trasladado su campo de batalla a la esfera económica, intentando controlar una de las pocas instituciones que se mantienen relativamente estables en el marco del conflicto que estalló hace 13 años: el Banco Central.
Durante este último mes, una profunda crisis rodea al Banco Central de Libia, que se desató cuando, el 19 de agosto pasado, el Consejo Presidencial de Trípoli tomó unilateralmente la decisión de destituir a quien se había desempeñado como gobernador de la banca central, Al Siddiq Al Kabir, así como reestructurar el consejo de directores, tras una serie de críticas por la asignación de los fondos petroleros.
Al Kabir, en su puesto desde 2011 respaldado por la OTAN, se convirtió en un actor importante entre los políticos que luchan sin cesar por el poder. Sin embargo, su figura comenzó a desmoronarse en 2022, debido a disputas por el gasto público y otros asuntos con el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) – con sede en Trípoli, y el único reconocido internacionalmente – y se percibió que Kabir se estaba acercando a Jalifa Haftar, el hombre fuerte en el Este.
Mientras el Estado se desmoronaba, el Banco Central y la National Oil Corporation (NOC), el principal productor de energía de Libia, quedaron fuera de los límites de cualquiera de las facciones en pugna, lo cual garantizó la continuidad de algunas funciones gubernamentales, como el pago de salarios estatales y la financiación de los organismos gubernamentales.
Ahora, su destitución amenaza con socavar el frágil equilibrio interno que se mantiene desde octubre de 2020, fecha en que se acordó un cese al fuego permanente entre los principales actores políticos y militares que operaban en el país, esto porque el Gobierno de Estabilidad Nacional, con sede en Bengasi, calificó de ilegítima esta acción.
La falta de entendimiento entre el Consejo Presidencial (con sede en Trípoli) y el gobierno afincado en el Este del país se está alargando, y las consecuencias económicas ya han sido considerables, al grado de paralizar las transacciones económicas y el flujo de divisas provenientes del petróleo, su principal fuente de ingresos. Los expertos advierten que dichas consecuencias serán aún más catastróficas si se demora un acuerdo sobre quién será el nuevo gobernador y su equipo de trabajo.
Por lo pronto el gobernador depuesto, desde el extranjero, ha denunciado el hostigamiento y secuestro del personal bancario por parte de las milicias, y al mismo tiempo, instó a los bancos libios a que ignoraran las instrucciones de personas que se hacen pasar por “miembros de la junta directiva”.
En respuesta, el lado oriental paralizó la extracción y producción en los campos petroleros, lo cual privará gradualmente al Banco Central y al gobierno de Trípoli de nuevos fondos, y a reducir su consumo de energía, lo que podría ocasionar apagones prolongados.
En paralelo, el retorno de los flujos de venta de petróleo sigue paralizado debido al cierre de los yacimientos y, por ende, de los mecanismos de producción y exportación. Desde el inicio de la crisis, se ha reducido en un 81% el envío de crudo al exterior lo que está afectando ya a la economía de las familias libias. Además, la confianza de las instituciones internacionales en la economía nacional está siendo erosionada. Actualmente, son 29 las instituciones que han dejado de colaborar con el Banco Central de Libia.
De esta manera, las dos partes se han mantenido firmes en su posición, con lo cual se congeló la economía y el comercio internacional de Libia, incapaz de realizar transacciones y amenazando las funciones económicas más esenciales, y ninguna de las partes da marcha atrás, aumentando el riesgo de recurrir nuevamente a los combates.
Y tal como ha sucedido anteriormente, las potencias regionales y occidentales jugaron un papel importante en la destitución de Al-Kabir, lo cual demuestra que los intereses foráneos siguen pesando más que el interés nacional. Esta crisis ha llevado a la Misión de Apoyo de las Naciones unidas en Libia (UNSMIL), a convocar una reunión de emergencia entre todas las partes implicadas para preservar la estabilidad económica y financiera del país.
El jefe del Ejército Nacional Libio (ENL), Jalifa Haftar, acusó al Consejo presidencial de haber creado una grave crisis en el país y de no tener derecho a nombrar a los responsables de los cargos soberanos. Por su parte, el primer ministro del Gobierno de unidad Nacional, Abdul Hamid Dabaiba, subrayó la necesidad de impedir que los yacimientos petroleros se cierren por pretextos endebles.
Ambos gobiernos tienen tenues pretensiones de legitimidad, y mucha avaricia de poder, que operan con pocas reglas acordadas en medio de una constelación de fuerzas cambiante. Los planes para redactar enmiendas constitucionales y leyes electorales necesarias para instalar un gobierno técnico que llame a elecciones libres y justas han fracasado y están estancadas desde hace tres años al menos, cuando cesaron las armas.
Esta crisis llega en un momento en que la diplomacia internacional está volteando a otros frentes, estancando el conflicto político que aún subyace en Libia, y sin señales de que las potencias extranjeras logren controlar la situación.
Pero con estas nuevas maniobras políticas, el equilibrio se ha alterado de nueva cuenta, y los actores ahora están reorganizándose para planear su próximo movimiento, lo cual puede empeorar la crisis, tomando a lo que queda de la economía del país como rehén, lo cual puede acarrear serias consecuencias a nivel nacional regional e internacional.
Con información de Atalayar, AP News y La nota del día.
